Garzón (11/10/95) contra el «poder perturbado»

Ojo a los asistentes al acto que aparecen al final de este artículo publicado en su día por el diario El Mundo.
¡Qué tiempos!



"El juez Baltasar Garzón, instructor del «caso GAL», arremete duramente contra el «poder perturbado» que se autoprotege en la «razón de Estado» en el prólogo del libro «Manos sucias», escrito por el también juez Joaquín Navarro(...).
En el citado prólogo, Garzón hace una extensa descripción de la actual situación político-judicial. A lo largo de veintitrés páginas alude a cuestiones como la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, los conflictos entre la seguridad del Estado y la investigación judicial, etc.
En los primeros párrafos, y aludiendo a la salud del sistema democrático, Garzón afirma que los problemas surgen cuando se pretende indagar en las zonas prohibidas sin la «autorización ni consentimiento» de los afectados. «En ese preciso instante -denuncia Garzón- el Poder activa todas sus baterías para -y desde actuaciones trufadas de paranoia e hipocresía aparentando colaboración y cooperación con la Justicia- impedir por senderos ocultos toda penetración en aquellas zonas, so pretexto de una mal entendida razón de Estado, que no busca sino confundirse intencionadamente con las razones de autoprotección y blindaje de los interesados».
Baltasar Garzón precisa en su análisis que el Poder, para obtener estos fines, no duda en poner en marcha «todo un operativo de "voceros" de ese Poder perturbado, que se encargará, en forma insistente y persistente, de transmitir a los cuatro vientos... que se están fraguando conspiraciones contra el Poder legítimo que ponen en peligro la democracia; "confabulaciones anti-natura de poderes fácticos y ocultos que quieren derribar el sistema democrático"; "ataques anticonstitucionales"; "derrocamiento del Gobierno por caminos espurios" o, en el límite del paroxismo y la manipulación, hacer responsable a algún juez, por cumplir su trabajo, de posibles asesinatos de una organización terrorista sobre miembros de determinada formación política. ¿Alguien da más?», se pregunta el instructor del «caso GAL».
El magistrado hace también una cruda descripción de quienes tienen semejante consideración del poder. «En su aberrante planteamiento, las dichas instituciones son parcelas de propiedad privada. Es decir, de servidores del poder y del ciudadano se han convertido en detentadores patrimoniales de ese Poder, y su ansia por conservarlo apenas les permite ver que históricamente quien así actúa acaba en una estrepitosa caída, precisamente por aferrarse y haber vuelto la espalda a los ciudadanos».
Garzón concluye el inicio de su exposición aludiendo al artículo 1.2 de la Constitución («La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado») y lamentando que, en los últimos años, se haya asistido a un fenónemo de «descapitalización o vaciamiento de este artículo, en forma a veces subrepticia y otras abiertamente, pero en ambos casos con el mismo resultado, la desconfianza del ciudadano en las instituciones a causa de la actitud y actividad irregulares de los que han ostentado el poder en las mismas».
Durante la presentación del libro, el autor, Joaquín Navarro, magistrado de la Audiencia de Madrid, defendió tesis similares a las de Garzón. El libro ofrece una visión retrospectiva y crítica de las relaciones de la Justicia con los demás poderes del Estado, desde la Dictadura hasta nuestros días.

El juez Baltasar Garzón ha aprovechado su aportación al libro del también magistrado Joaquín Navarro para precisar sus posiciones respecto a determinadas cuestiones judiciales que han provocado un debate público. Por ejemplo, alude a la Audiencia Nacional, institución cuya pervivencia defiende, si bien, precisa que es necesaria una clarificación o modificación no sólo de sus competencias, sino también del sistema de acceso o de la creación de una unidad de policía judicial autónoma.
Garzón se refiere también a la necesidad de reformar en profundidad el Ministerio Fiscal para conseguir su necesaria autonomía dentro del Poder Judicial y evitar, por ejemplo, que su cabeza visible sea nombrada y sustituida por el Gobierno y, por ende, padezca una sumisión teórica evidente respecto al Ejecutivo.
Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) postula un sistema de elección en el que una parte de los vocales sean designados desde los ámbitos judiciales y otra desde otros colectivos (Universidad, ciudadanos, etc).
Garzón se refiere también a los conflictos entre la seguridad del Estado y la investigación judicial afirmando que cuando estos principios entran en colisión el primero debe ceder siempre en favor del segundo.
Por último, bajo el epígrafe «Dos círculos secantes en la actualidad: el político y el judicial», denuncia la confusión de papeles que se vive en la actualidad y hace una diferenciación expresa entre las responsabilidades políticas y las penales.

La presentación del libro «Manos sucias» -subtitulado por su autor, el magistrado Joaquín Navarro, con la frase «El poder contra la Justicia»- reunió ayer a un variado grupo de responsables políticos, intelectuales, representantes de la Justicia y de los medios de comunicación.
Entre ellos, por ejemplo, se encontraba el histórico dirigente socialista Luis Gómez Llorente, cuya presencia fue agradecida expresamente por el autor de la obra. Junto al juez Navarro se encontraban también el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, y el ya citado juez Garzón, que se negaron a contestar a las preguntas que, dirigidas a ellos, se suscitaron en el coloquio.
Además, estuvieron presentes, por ejemplo, el presidente del PASOC, Pablo Castellano (también prologuista del libro), y el magistrado Perfecto Andrés, quien junto al periodista ¡¡¡ Iñaki Gabilondo!!! se encargó de hacer las obligadas presentaciones de autor y obra."